El exterior de la escuela secundaria Lincoln en San José.
En esta foto de archivo se muestra la escuela secundaria Lincoln en San José.

Imagine dos escuelas públicas en un radio de 10 millas. Imagínese las aulas, la tecnología y los estudiantes. ¿Visualizas la igualdad? Desafortunadamente, en el sistema de educación pública actual la igualdad es inexistente.

Las disparidades de financiación perpetúan esta desigualdad en la educación, y estas discrepancias tienen consecuencias reales. Los estudiantes de escuelas con fondos insuficientes enfrentan dificultades académicas, actividades extracurriculares limitadas e instalaciones inadecuadas. Mientras tanto, aquellos que asisten a escuelas bien financiadas prosperan, perpetuando un ciclo de ventajas y desventajas.

El impacto es profundo. En los distritos con fondos insuficientes, los puntajes en matemáticas y ciencias caen en picado, la elegibilidad para la universidad disminuye y los maestros enfrentan inmensos desafíos. Esta crisis exige atención.

Debemos asegurarnos de que todos los estudiantes tengan acceso a los mismos recursos y oportunidades. Ésta no es una idea radical: es un imperativo moral. Es hora de repensar nuestras fórmulas de financiación y priorizar la equidad en la educación.

A medida que entramos en los meses de elaboración de presupuestos nacionales, estatales y locales, es importante equiparnos con información sobre cómo se financia actualmente la educación y cómo las asignaciones de fondos garantizan que cada estudiante tenga acceso y oportunidad de movilidad económica.

Así es como las disparidades de financiación perpetúan la desigualdad en California y otros estados:

  • Cada distrito escolar público se administra de forma independiente y sus principales fuentes de financiación son los impuestos a la propiedad recaudados dentro del distrito escolar.
  • El estado determina la asignación presupuestaria básica por estudiante por año.
  • Si los impuestos a la propiedad recaudados en un distrito escolar no alcanzan la base presupuestaria, el estado cubre la diferencia. Estos se denominan distritos escolares “financiados por el estado”.
  • Si los impuestos a la propiedad recaudados en un distrito escolar exceden la base presupuestaria, el distrito se queda con el exceso. Estos se denominan distritos escolares “financiados por la comunidad”.

Por ejemplo, en el condado de Santa Clara, un distrito financiado por el estado podría recibir $10,000 por estudiante por año, mientras que un distrito financiado por la comunidad podría recibir entre $13,000 y $21,000 por estudiante por año. Esta enorme disparidad conduce a desigualdades en recursos, instalaciones y oportunidades.

Considere las implicaciones: cuando las escuelas financiadas por la comunidad puedan ofrecer salarios más altos, clases más pequeñas, instalaciones de última generación, tecnología de punta en cada aula y presupuestos discrecionales para excursiones, mientras que otras escuelas de aprendizaje experiencial, financiadas por el estado (que a menudo informan que los maestros toman segundos empleos para llegar a fin de mes) ni siquiera pueden jugar el mismo juego que las escuelas financiadas por la comunidad, y mucho menos competir en el mismo estadio.

Estas disparidades de financiación exacerban las desventajas de los estudiantes que ya enfrentan grandes dificultades. Muchos estudiantes en distritos con fondos insuficientes provienen de familias de bajos ingresos, aprenden el idioma inglés y luchan contra la inseguridad alimentaria y de vivienda. La desigualdad educativa atrapa a estos estudiantes en un ciclo de pobreza.

Las estadísticas hablan por sí solas. En los distritos financiados por el estado, los resultados de los exámenes de matemáticas y ciencias muestran una tasa de fracaso cercana al 80%, y aproximadamente el 40% de los estudiantes abandonan la escuela secundaria sin ser elegibles para la universidad. Los maestros de estos distritos a menudo enfrentan desafíos abrumadores, desde enseñar en varios niveles de grado simultáneamente hasta luchar con recursos inadecuados para excursiones y otras experiencias enriquecedoras.

Debemos afrontar la cruda realidad: nuestras fórmulas de financiación actuales perpetúan la desigualdad sistémica. Favorecen a las comunidades ricas y descuidan a los más necesitados. No se trata sólo de una cuestión de equidad: es una cuestión de justicia social.

Considere esta analogía: imagine dos vecinos con trabajos idénticos en la misma empresa. Uno trabaja en una oficina moderna y bien equipada, mientras que el otro trabaja en un edificio ruinoso con equipamiento obsoleto. Esta discrepancia no sólo es injusta: es inaceptable.

Asimismo, la disparidad en la financiación de la educación lo distorsiona todo. Priva a los estudiantes de oportunidades, socava los esfuerzos de los docentes y perpetúa ciclos de pobreza y desventaja. Es un problema sistémico que exige soluciones sistémicas.

La solución es clara: la paridad. Debemos elevar la base presupuestaria por estudiante para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. No se trata de tomar de un grupo para dárselo a otro, sino de garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos que necesitan para tener éxito.

Las opciones son claras. Debemos priorizar la equidad en la educación y garantizar que cada estudiante tenga acceso a los recursos que necesita para tener éxito. Esto requiere acciones audaces y un compromiso con la justicia.

Al entrar en los meses de elaboración del presupuesto, recordemos lo que está en juego. El futuro de nuestros hijos (y de nuestra sociedad) depende de ello. Es hora de repensar nuestras fórmulas de financiación y priorizar la equidad en la educación.

Lisa Andrew es presidenta y directora ejecutiva de la Silicon Valley Education Foundation.

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