Como defensores de los derechos civiles, nos oponemos firmemente a la propuesta del alcalde Mahan de arrestar a las personas sin hogar que se nieguen a recibir alojamiento. Esta política perjudicará desproporcionadamente a las personas negras y morenas, incluidas las personas con discapacidad, que están sobrerrepresentadas en la población sin hogar debido al racismo sistémico, la desigualdad económica y la falta de vivienda asequible, justa, accesible y segura.
Las disparidades raciales y de discapacidad en las personas sin hogar
Según la Alianza Nacional para Acabar con la Indigencia, las personas negras/afroamericanas representan aproximadamente el 17% de la población sin hogar, a pesar de representar solo el 2.5% de la población local. Las poblaciones latinas e indígenas también enfrentan altas tasas de indigencia debido a las disparidades económicas y el desplazamiento. En 2022, la comunidad latina/a/x representaba el 47% de la población estimada sin hogar en los condados de Santa Clara y San Mateo, mientras que representaba solo el 25% de la población total. Las personas con discapacidad representan casi la mitad de la población sin hogar, a menudo debido a la falta de vivienda accesible, la discriminación laboral y el acceso inadecuado a la atención médica u otros apoyos esenciales.
Los daños de la criminalización de las enfermedades mentales y los trastornos por consumo de sustancias
Las interacciones de la policía con personas sin hogar con discapacidad pueden intensificarse peligrosamente, lo que a veces resulta en uso excesivo de la fuerza o negligencia. Criminalizar las enfermedades mentales y los trastornos por consumo de sustancias en lugar de invertir en apoyo médico o social agrava estas condiciones. Las cárceles no están bien equipadas para brindar un tratamiento adecuado de salud mental o para las adicciones. Las personas con afecciones como esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión grave suelen deteriorarse en la cárcel, donde el entorno puede exacerbar la ansiedad, el TEPT y la psicosis. Quienes padecen trastornos por consumo de sustancias con frecuencia sufren un síndrome de abstinencia forzado en la cárcel, que puede ser doloroso, peligroso e incluso mortal. Criminalizar la falta de vivienda también refuerza el miedo adquirido a las autoridades dentro de la comunidad sin hogar.
Las devastadoras consecuencias de arrestar a personas sin hogar
Arrestar a personas sin hogar agrava el trauma, crea antecedentes penales que dificultan aún más la obtención de vivienda y empleo, y agrava los ciclos de pobreza. Las personas negras y morenas ya sufren discriminación en estas zonas, y un historial de arresto profundiza aún más estas disparidades. Las personas con discapacidad y antecedentes penales enfrentan dificultades adicionales para obtener prestaciones por discapacidad o atención médica. Al salir de prisión, muchas no reciben tratamiento ni vivienda, lo que las obliga a volver a la calle.
Por qué muchos evitan los refugios y las figuras de autoridad
Muchas personas sin hogar evitan los albergues y a las fuerzas del orden debido a experiencias negativas pasadas, traumas y la falta de adaptaciones para sus discapacidades. Esta evasión suele ser una respuesta racional, más que una simple negativa a recibir ayuda. Muchos albergues han estado históricamente sobrepoblados, inseguros y carentes de privacidad. Las normas estrictas y los toques de queda entran en conflicto con los horarios de trabajo; las prohibiciones a parejas, familias o mascotas queridas obligan a las personas a elegir entre el albergue y quedarse con sus seres queridos. Las sobrevivientes de abuso y los grupos marginados a menudo tienen antecedentes de maltrato por parte de la policía, los servicios sociales y las instituciones.
Además, muchos albergues no están equipados para personas con discapacidades físicas, enfermedades mentales o necesidades médicas. Los entornos abarrotados y ruidosos pueden agravar el trastorno de estrés postraumático (TEPT) o la esquizofrenia, mientras que la prohibición de sillas de ruedas, tanques de oxígeno o animales de servicio excluye a quienes padecen enfermedades crónicas. Vivir sin albergue puede brindar mayor estabilidad y control que un albergue restrictivo. En lugar de castigar la evasión, las soluciones deberían centrarse en sistemas de apoyo accesibles, no punitivos y adaptados al trauma, que generen confianza y satisfagan las necesidades individuales.
Soluciones reales: invertir en vivienda y servicios de apoyo
En lugar de arrestar a personas sin hogar a quienes la sociedad ya les ha fallado, San José debería invertir en soluciones probadas, equitativas y eficaces: vivienda permanente, atención de salud mental, tratamiento para el abuso de sustancias y políticas que aborden las barreras sistémicas, a la vez que faciliten la creación de riqueza y las oportunidades económicas. La prevención, como la asistencia financiera para evitar desalojos, sigue siendo la solución menos costosa y más eficaz. El arresto y el encarcelamiento son las alternativas más caras y menos eficaces.
La ciudad debería colaborar con el condado para ampliar la inversión en enfoques innovadores y basados en la evidencia para el tratamiento del abuso de sustancias, priorizando las voces de quienes han experimentado la falta de vivienda y comprenden su dura realidad. Por ejemplo, a nivel local, el Recovery Cafe es un modelo que debería ampliarse. Y, muy importante, la ciudad debería asegurarse de emplear estrategias de divulgación basadas en la evidencia, empáticas y expertas.
Un llamado a enfoques compasivos y basados en evidencia
Detener a las personas sin hogar no aborda las causas sociales, económicas y sanitarias de la falta de vivienda. Este ciclo repercute en los contribuyentes, quienes financian tanto el encarcelamiento como las reiteradas respuestas de emergencia. Necesitamos soluciones proactivas que aborden las causas fundamentales, no este enfoque temporal y perjudicial.
Las palabras de Nelson Mandela son particularmente relevantes en este momento: “Una nación no debe ser juzgada por cómo trata a sus ciudadanos más ricos, sino a los más pobres”.
San José debe elegir un camino que defienda la dignidad, la equidad y las soluciones reales.
Sean Allen es presidente de la NAACP de San José/Silicon Valley, funcionario de prisiones jubilado del condado de Santa Clara con 29 años de experiencia y cofundador de la Orden Fraternal de la Policía, Logia 65. Víctor Vásquez es codirector ejecutivo de SOMOS Mayfair y miembro de la junta directiva de SV@Home. Kyra Kazantzis es directora ejecutiva del Consejo de Organizaciones sin Fines de Lucro de Silicon Valley y exabogada directora de la Fundación Legal de Silicon Valley.
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